Desde que lanzamos la organización S.O.S., hace casi cien días, uno de nuestros cometidos ha sido el cambio de leyes que permitan a los mexicanos vivir en una nación de leyes y de libertades, democrática, cuyo progreso esté fundado en la paz, el orden, la justicia, la seguridad y la legalidad.
Por eso es que apoyamos reformas que hagan más eficaz la acción de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia en contra de la criminalidad y la delincuencia organizada.
Es evidente que en los últimos años, la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado. Por ello actúan cada vez con mayor violencia ya que las organizaciones delictivas cuentan con un impresionante poder corruptor y suficiente dinero para la cooptación.
Estuvimos de acuerdo y hasta entusiasmados cuando el Presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una Iniciativa Miscelánea en Materia de Justicia penal.
Ahí estaba incluido un proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Con esta ley, todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal, tendrían que ser transferidos al Gobierno.
Con estos recursos se construiría un fideicomiso, cuyos fondos serían destinados tanto a la reparación de daño de las víctimas, como a brindar servicios de apoyo y asistencia a los afectados u ofendidos del delito. Por supuesto, el objetivo es golpear de manera contundente a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, ladrones, secuestradores y, en general, a cualquiera que comete un acto criminal que ofende y perjudica a la sociedad. Esta iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión el 18 de Septiembre del 2008. Sí, leyó bien. Hace ya casi seis meses.
El primer obstáculo presentado en San Lázaro fue que el Presidente había cometido un error al enviar algunas iniciativas a la Cámara de Diputados y, otras, a la de Senadores. Que estaban “dispersas”, dijeron los legisladores y añadieron que tendrían que estudiarlas, analizarlas, debatirlas y compendiarlas. No faltaron críticas y algunos se rasgaron las vestiduras clamando que el Presidente Calderón quería instaurar un Estado policíaco.
Una semana si y otra también, anunciaban que era inminente la aprobación, por lo menos, de la Ley de Extinción de Dominio. Pero, hasta la fecha de redacción de este comentario no ha ocurrido nada.
El lunes 2 de marzo, la última información es que se iba a convocar a un gran foro público en el que participarían juristas, expertos, académicos, etc. NO se precisó cuándo sería realizado este foro, ni se dio ningún marco de tiempo, algún plazo para concluir una tarea que resulta urgente, impostergable, imperativa.
Todo parece indicar que las pugnas entre las facciones legislativas han prevalecido para dejar de lado un instrumento legal que es indispensable para coadyuvar en la lucha sangrienta que emprende el Estado Mexicano contra los cárteles que, pese al despliegue impresionante de efectivos militares en varios estados de la República, siguen operando a sus anchas, ejecutando, secuestrando, traficando y sembrando el terror en comunidades enteras.
No es admisible que los pleitos entre legisladores o las diferencias entre partidos soslayen la importancia y la urgencia de esta ley específica que ya lleva empantanada casi medio año.
Los representantes del pueblo deben pensar primero en México, en devolver las condiciones elementales de paz y seguridad que merecemos como derecho elemental todos los mexicanos.
¿Seis meses para analizar, debatir, desmenuzar, compendiar, enmendar y seguir en lo mismo? ¿Acaso no se dan cuenta que, cada día, en algún lugar de nuestro país se siguen dando granadazos contra puestos policiales, luchando en las calles con sofisticadas armas que proceden de contrabando desde Estados Unidos? ¿Qué esperan los encargados de hacer las leyes para cumplir con el deber que les encomendó el pueblo mexicano?
Alejandro Martí
Nuestra gran tarea es invitar a sumarse a nuestra causa a tus amigos y familiares enviándoles este mismo correo. De esta manera, estaremos al tanto de los temas que nos atañen como sociedad. Con un mínimo de 3 correos que cada uno de nosotros envíe, seremos la voz de millones de mexicanos que rechazamos la impunidad, la corrupción porque queremos vivir en paz.
Súmate a SOS aquí
Por eso es que apoyamos reformas que hagan más eficaz la acción de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia en contra de la criminalidad y la delincuencia organizada.
Es evidente que en los últimos años, la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado. Por ello actúan cada vez con mayor violencia ya que las organizaciones delictivas cuentan con un impresionante poder corruptor y suficiente dinero para la cooptación.
Estuvimos de acuerdo y hasta entusiasmados cuando el Presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una Iniciativa Miscelánea en Materia de Justicia penal.
Ahí estaba incluido un proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Con esta ley, todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal, tendrían que ser transferidos al Gobierno.
Con estos recursos se construiría un fideicomiso, cuyos fondos serían destinados tanto a la reparación de daño de las víctimas, como a brindar servicios de apoyo y asistencia a los afectados u ofendidos del delito. Por supuesto, el objetivo es golpear de manera contundente a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, ladrones, secuestradores y, en general, a cualquiera que comete un acto criminal que ofende y perjudica a la sociedad. Esta iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión el 18 de Septiembre del 2008. Sí, leyó bien. Hace ya casi seis meses.
El primer obstáculo presentado en San Lázaro fue que el Presidente había cometido un error al enviar algunas iniciativas a la Cámara de Diputados y, otras, a la de Senadores. Que estaban “dispersas”, dijeron los legisladores y añadieron que tendrían que estudiarlas, analizarlas, debatirlas y compendiarlas. No faltaron críticas y algunos se rasgaron las vestiduras clamando que el Presidente Calderón quería instaurar un Estado policíaco.
Una semana si y otra también, anunciaban que era inminente la aprobación, por lo menos, de la Ley de Extinción de Dominio. Pero, hasta la fecha de redacción de este comentario no ha ocurrido nada.
El lunes 2 de marzo, la última información es que se iba a convocar a un gran foro público en el que participarían juristas, expertos, académicos, etc. NO se precisó cuándo sería realizado este foro, ni se dio ningún marco de tiempo, algún plazo para concluir una tarea que resulta urgente, impostergable, imperativa.
Todo parece indicar que las pugnas entre las facciones legislativas han prevalecido para dejar de lado un instrumento legal que es indispensable para coadyuvar en la lucha sangrienta que emprende el Estado Mexicano contra los cárteles que, pese al despliegue impresionante de efectivos militares en varios estados de la República, siguen operando a sus anchas, ejecutando, secuestrando, traficando y sembrando el terror en comunidades enteras.
No es admisible que los pleitos entre legisladores o las diferencias entre partidos soslayen la importancia y la urgencia de esta ley específica que ya lleva empantanada casi medio año.
Los representantes del pueblo deben pensar primero en México, en devolver las condiciones elementales de paz y seguridad que merecemos como derecho elemental todos los mexicanos.
¿Seis meses para analizar, debatir, desmenuzar, compendiar, enmendar y seguir en lo mismo? ¿Acaso no se dan cuenta que, cada día, en algún lugar de nuestro país se siguen dando granadazos contra puestos policiales, luchando en las calles con sofisticadas armas que proceden de contrabando desde Estados Unidos? ¿Qué esperan los encargados de hacer las leyes para cumplir con el deber que les encomendó el pueblo mexicano?
Alejandro Martí
Nuestra gran tarea es invitar a sumarse a nuestra causa a tus amigos y familiares enviándoles este mismo correo. De esta manera, estaremos al tanto de los temas que nos atañen como sociedad. Con un mínimo de 3 correos que cada uno de nosotros envíe, seremos la voz de millones de mexicanos que rechazamos la impunidad, la corrupción porque queremos vivir en paz.
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